Abogados en Madrid

Gracias a nuestra amplia experiencia podremos responder a todas tus dudas, y proporcionarte un asesoramiento que se ajuste a tus necesidades. En De Miguel y Urbano Abogados tratamos a todos nuestros clientes de forma individual, centrándonos en las características concretas de su caso y sugiriendo una línea de acción personalizada destinada a conseguir el mejor resultado posible.

Si bien hasta hace poco la Dirección General de Tributos (DGT) obligaba a tributar por el 100% de la cantidad percibida en concepto de costas, toda vez que entendía que las costas se abonaban en concepto de indemnización por los gastos incurridos durante el procedimiento correspondiente, motivo por el cual se presuponía un incremento patrimonial y se obligaba a su tributación. Ahora bien, desde el pasado 1 de junio de 2020 el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) ha establecido un nuevo criterio determinado que las costas procesales tienen como fundamento el resarcimiento de los gastos incurridos durante un determinado procedimiento judicial ante la imposibilidad de otra forma de resolución de conflictos. A la luz de esta resolución del TEAC, la propia DGT en su consulta vinculante V3097/2020 el 15 de octubre de 2020, ha modificado su criterio de tal manera que sobre la cantidad percibida en concepto de costas procesales se detraigan los importes abonados en concepto de abogado y procurador y aquellos devengados a consecuencia del procedimiento jurídico, y únicamente se tribute por las cantidades restantes, en su caso, por tratarse de un efectivo incremento patrimonial. Cabe indicar que la condena en costas ha de ser establecida por el juzgado y que, para el caso que tenga lugar, no siempre supone un resarcimiento del 100% de las cantidades desembolsadas puesto que es posible que los gastos incurridos sean mayores que las cantidades establecidas en concepto de costas.

La salud de nuestro personal y de nuestros clientes es nuestra máxima prioridad. Por eso, hemos instaurado un estricto protocolo de medidas y actuaciones a fin de garantizar la seguridad en la atención presencial:

1. Todas las instalaciones del despacho serán desinfectadas conforme a un nuevo protocolo de limpieza diario. Además, las zonas comunes como recepción, aseos y sala de reuniones serán desinfectadas de manera asidua y, siempre y en cualquier caso, después de su utilización, antes de proceder a un nuevo uso.

1. Todo el personal utilizará mascarillas y se lavará las manos de forma asidua.

1. Se proporcionará gel hidrológico para la higienización de manos a cualquier persona que acceda al despacho.

1. Las consultas presenciales serán con cita previa a fin de poder atender de forma escalonada, evitando aglomeraciones en las zonas comunes o citas/esperas simultáneas.

1. Las consultas se realizarán en la sala de reuniones, donde podrá mantenerse la distancia interpersonal de seguridad de 2 metros. Ésta sala será ventilada y desinfectada después de cada visita.

1. Todo el personal del despacho ha sido sometido al test serológico correspondiente antes de ocupar su puesto de trabajo. Asimismo, ante cualquier posibilidad de existencia de síntomas, se tomarán las medidas necesarias y se procederá según lo establecido por el Ministerio de Sanidad, repitiendo los referidos test al resto de la plantilla si fuera necesario.

Lo primero que hay que determinar es si esa resolución es firme o, si no lo es, es susceptible de ejecución forzosa u ejecución provisional (como sucede, por ejemplo, en la mayoría de sentencias dictadas en el ámbito del derecho de familia). Una vez confirmada la firmeza o fuerza ejecutiva de esa resolución, y transcurrido el plazo sin que la contraparte dé cumplimiento a la misma, podrá interponerse una demanda ejecutiva para obligar, mediante un procedimiento ejecutivo ante el juzgado correspondiente, al cumplimiento de los términos recogidos en la misma.

Están, por un lado, las ejecuciones dinerarias y por otro, las obligaciones de hacer (o no hacer). El tipo de requerimiento dependerá de la naturaleza de la infracción en sí misma y de la del título judicial que pretendemos ejecutar. Este último detalle es importante, toda vez que no podemos olvidar que una ejecución de título judicial consiste en hacer cumplir el mismo en sus propios términos. Es decir, sólo podremos ejecutar ante el juzgado aquellos pronunciamientos que EXPRESAMENTE vengan recogidos en el documento que pretendemos obligar a cumplir. Ejecuciones dinerarias: se formularán ante un impago de una cantidad expresamente recogida en el título judicial. Si el ejecutado no abonara la citada cantidad, el juzgado podrá proceder al embargo de la misma en el plazo de 10 días (junto con los correspondientes intereses y costas que en su caso se devenguen). La realidad es que en raras ocasiones el procedimiento es así de eficaz, pues suele mediar la oposición de la contraparte (que si bien no debería suspender el referido plazo, muchos juzgados sí esperan a llegar al fondo del asunto antes de iniciar cualquier acción destinada a embargar esas cantidades). Además, también son muy frecuentes las situaciones en las que el ejecutado no tiene bienes o derechos que embargar, dificultando así la labor judicial para resarcir al demandante. Del mismo modo, existe una limitación al embargo de salarios, pensiones o retribuciones de naturaleza análoga que no superen el salario mínimo interprofesional (si bien esta inembargabilidad queda sin efecto cuando estamos ante la reclamación de cantidades que constituyen la pensión de alimentos de los hijos dependientes económicamente).

Lo primero que debes saber es que los municipios de Madrid están divididos en distintos partidos judiciales, cada uno de los cuales tiene sus propios juzgados. Los partidos judiciales en Madrid son: Torrelaguna, Torrejón de Ardoz, Navalcarnero, Alcalá de Henares, Alcobendas, Móstoles, San Lorenzo de El Escorial, Aranjuez, Leganés, Getafe, Madrid, Majadahonda, Coslada, Arganda del Rey, Collado Villalba, Parla, Alcorcón, Fuenlabrada, Colmenar Viejo, Valdemoro y Pozuelo de Alarcón.

Respecto de los asuntos civiles (reclamaciones de cantidad, desahucios, accidentes de tráfico, comunidades de propietarios, monitorios, sucesiones…) Conocerán los Jugados de primera instancia especializados en civil. Por su tamaño, cabe destacar en el partido judicial de Madrid los juzgados de Plaza de Castilla o de la Calle Poeta Joan Maragall

Debemos señalar en esta categoría que los asuntos de familia (divorcios, separaciones, modificaciones de medidas, etc…) también se enmarcan dentro de los juzgados civiles de primera instancia, pero en el partido judicial de Madrid, existen los juzgados de familia situados en la Calle de Francisco Gervás, que conocen en exclusiva estos procedimientos. Salvo que se trate de procedimientos cuyas partes estén implicados en asuntos de violencia de género, pues entonces la competencia de estos procesos de familia será absorbida por el Juzgado de Violencia Contra la Mujer (en Madrid los más conocidos se encuentran en la calle Albarracín).

Respecto a los asuntos de la jurisdicción social (por ejemplo, en materia laboral) serán tramitados ante el Juzgado de lo Social. En este caso, hemos de indicar que en Madrid únicamente hay dos Jugados de lo social:

• En la calle Princesa en Madrid (más conocida por Plaza de los Cubos) donde hay en la actualidad un total de 45 juzgados.
• En la calle San Antonio en Móstoles, que en la actualidad cuenta con 3 juzgados.

Los asuntos penales serán llevados por los Juzgados de instrucción correspondientes. En Madrid capital los encontramos en Plaza de Castilla.

Respecto a los asuntos administrativo: serán tramitados por los Juzgados de lo contencioso administrativo de Madrid sitos en la calle Gran Vía 19 o en la calle Princesa.

Referente a los asuntos mercantiles, son competentes los juzgados de lo mercantil que se encuentran en la calle Gran Vía 52, salvo dos de ellos que se encuentran sitos en la calle Princesa. Debemos indicar que, cuando los juzgados tramitan un concurso de una empresa, estos juzgados también serán competentes para conocer de los asuntos laborales que deriven del mismo. También suelen conocer de asuntos que versan sobre propiedad industrial o intelectual, competencia desleal, asuntos que radiquen en la normativa de transportes, derecho marítimo o acciones colectivas previstas en la legislación relativa a condiciones generales de la contratación y a la protección de consumidores y usuarios, entre otros.