¿Qué solución hay cuando la otra parte, por desconocimiento o por mera desobediencia, decide incumplir lo estipulado en una resolución judicial?

  • Lo primero que hay que determinar es si esa resolución es firme o, si no lo es, es susceptible de ejecución forzosa u ejecución provisional (como sucede, por ejemplo, en la mayoría de sentencias dictadas en el ámbito del derecho de familia).
  • Una vez confirmada la firmeza o fuerza ejecutiva de esa resolución, y transcurrido el plazo sin que la contraparte dé cumplimiento a la misma, podrá interponerse una demanda ejecutiva para obligar, mediante un procedimiento ejecutivo ante el juzgado correspondiente, al cumplimiento de los términos recogidos en la misma.

¿Qué clase de requerimientos existen en una demanda ejecutiva? Están, por un lado, las ejecuciones dinerarias y por otro, las obligaciones de hacer (o no hacer). El tipo de requerimiento dependerá de la naturaleza de la infracción en sí misma y de la del título judicial que pretendemos ejecutar. Este último detalle es importante, toda vez que no podemos olvidar que una ejecución de título judicial consiste en hacer cumplir el mismo en sus propios términos. Es decir, sólo podremos ejecutar ante el juzgado aquellos pronunciamientos que EXPRESAMENTEvengan recogidos en el documento que pretendemos obligar a cumplir.

  • Ejecuciones dinerarias: se formularán ante un impago de una cantidad expresamente recogida en el título judicial. Si el ejecutado no abonara la citada cantidad, el juzgado podrá proceder al embargo de la misma en el plazo de 10 días (junto con los correspondientes intereses y costas que en su caso se devenguen). La realidad es que en raras ocasiones el procedimiento es así de eficaz, pues suele mediar la oposición de la contraparte (que si bien no debería suspender el referido plazo, muchos juzgados sí esperan a llegar al fondo del asunto antes de iniciar cualquier acción destinada a embargar esas cantidades). Además, también son muy frecuentes las situaciones en las que el ejecutado no tiene bienes o derechos que embargar, dificultando así la labor judicial para resarcir al demandante. Del mismo modo, existe una limitación al embargo de salarios, pensiones o retribuciones de naturaleza análoga que no superen el salario mínimo interprofesional (si bien esta inembargabilidad queda sin efecto cuando estamos ante la reclamación de cantidades que constituyen la pensión de alimentos de los hijos dependientes económicamente).
  • Ejecuciones de obligaciones de hacer (o no hacer): se formulan ante el incumplimiento de la contraparte cuando no lleva a cabo las indicaciones de comportamiento expresamente estipuladas en un título judicial (por ejemplo, el incumplimiento de un régimen de visitas o de la entrega de un bien o el lanzamiento de un inmueble). Si estamos ante obligaciones que puede llevar a cabo un tercero, se podrá pedir al juzgado que las realice éste último a costa del demandado. No obstante, la mayoría de acciones u obligaciones suelen ser de carácter personalísimo, por lo que se apercibirá al ejecutado para que lleve a cabo las mismas y, en su caso, se resarcirá económicamente al ejecutante por los daños y perjuicios causados (normalmente bajo la forma de costas judiciales) y/o se podrá imponer una multa al demandado por ése o futuros incumplimientos. Para el caso de las obligaciones de no hacer, la única solución suele ser el resarcimiento económico y/o multa que anteriormente indicábamos.

En cualquier caso, sea cual sea el incumplimiento al que se enfrente, lo más eficaz y resolutivo es acudir a un abogado especializado para que nos ayude a negociar con la contraparte o, directamente, a poner en conocimiento del juzgado estos incumplimientos y así solucionar la cuestión a través del auxilio judicial al que todo ciudadano tiene derecho para la defensa de sus derechos e intereses.